Se implementó la nueva ley de imputabilidad en adolescentes de 14 y 15 años
Desde el sábado, los adolescentes de 14 y 15 años son considerados imputables bajo el nuevo régimen penal juvenil. La ley, sancionada en febrero, genera preocupaciones en el sistema judicial por el posible aumento de causas penales.
A partir del sábado, entró en vigencia en Argentina el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que establece que los adolescentes de 14 y 15 años serán considerados imputables si cometen un delito. Este cambio normativo surge tras la sanción de la Ley 27.801 en febrero y se efectiviza 180 días después de su promulgación.
El objetivo de esta legislación es establecer un régimen penal que aplique a jóvenes desde los 14 hasta los 18 años. Según esta norma, los delitos graves, como robos con armas, abusos y homicidios perpetrados por adolescentes en este rango etario, resultarán en un proceso penal que incluye la posibilidad de detención. Este enfoque ha suscitado diversas críticas dentro del sistema judicial, ya que según algunos funcionarios, podría aumentar la carga de causas en un 80%.
Los fiscales, especialmente en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, han expresado preocupaciones sobre el impacto de esta ley. Antes de su vigencia, los menores de 14 y 15 eran considerados “no punibles”, lo que limitaba la respuesta judicial ante sus delitos. Con la nueva ley, estos jóvenes enfrentarán un proceso penal completo, desde la imputación hasta el juicio, lo que implicará un aumento significativo en la complejidad de los casos a tratar.
Desde el ámbito judicial, también se ha señalado la presión adicional que enfrentan las fiscalías y juzgados, que deberán gestionar un mayor volumen de casos con los mismos recursos disponibles. Esto se traduce en un desafío considerable para el sistema que ya enfrenta problemas de sobrecarga y recursos limitados.
Más allá del aspecto punitivo, hay quienes critican que la ley no aborda las causas subyacentes del delito juvenil, como la falta de educación y oportunidades de trabajo. Expertos en el tema sostienen que, en lugar de centrarse solo en las estadísticas de imputabilidad, debería existir un enfoque más integral en la prevención y la contención de los adolescentes en riesgo.
A medida que se implemente esta ley, es probable que se inicie un período de ajuste tanto en las fiscalías como en las comunidades, en un intento por hacer frente a un posible aumento en la criminalidad juvenil. La atención estará puesta en el equilibrio entre el castigo y la reintegración social de estos jóvenes, así como en la necesidad de políticas que aborden las problemáticas de fondo que llevan a la delincuencia en esta franja etaria.