Se promulga la Ley de Inocencia Fiscal II para incentivar inversión en dólares

El Gobierno de la Nación dio a conocer el viernes la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal II (N° 27.826), una iniciativa que busca promover la formalización de los esfuerzos bajo el concepto de "dólares del colchón", que se estiman en alrededor de 170 mil millones. La norma fue sancionada en septiembre y se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 1160/26, firmado por el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios del gabinete.

Esta legislación modifica aspectos del Régimen Penal Tributario y de la Ley de Procedimiento Tributario, buscando mejorar los resultados de su antecesora, que tuvo un impacto limitado en su primera etapa el año pasado. Con estos cambios, se eliminan los topes existentes para los ingresos y el patrimonio que limitaban el acceso al régimen, lo que podría facilitar la atracción de nuevos fondos al sistema tributario.

La nueva ley redefine también el concepto de "discrepancia significativa" que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero impugnar las declaraciones juradas simplificadas. De esta forma, se establece que esta discrepancia se configura cuando la diferencia suponda un incremento de impuestos a partir de un 15% o cuando la impugnación derive de la utilización de documentos falsos o el cómputo erróneo de ingresos.

Entre las innovaciones, se introduce un umbral mínimo correspondiente al 5% del monto establecido en el régimen penal, por debajo del cual no se considerará discrepancia significativa, incluso si se supera el porcentaje señalado. Además, se detalla que las diferencias entre la declaración original y la rectificativa no conllevarán sanciones si se corrigen en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Un aspecto relevante fue la inclusión de restricciones para funcionarios públicos, quienes podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para la presentación fiscal, pero sin acceder a los beneficios de protección o inmunidad tributaria del régimen. Esto responde a casos previos que llevaron a un debate en el Congreso sobre la transparencia y la equidad del sistema fiscal.

Con la Ley de Inocencia Fiscal II, el Gobierno local busca fomentar un entorno más atractivo para la inversión y la formalización de activos en un contexto económico complejo, en donde la formalización de capitales puede ser clave para la estabilidad financiera a nivel nacional.