Se reglamenta la baja de imputabilidad a 14 años en el Régimen Penal Juvenil
El Gobierno Nacional ha reglamentado la Ley del Régimen Penal Juvenil, permitiendo la imputabilidad a partir de los 14 años. Esta normativa introduce un sistema organizado para el tratamiento de adolescentes en el ámbito penal, aunque surgen preocupaciones sobre su implementación.
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado a conocer la reglamentación de la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que establece un nuevo marco jurídico para adolescentes de entre 14 y 17 años. Esta normativa, firmada por el presidente Javier Milei y otros funcionarios, permitirá que los menores de 14 años sean judicializados por delitos según el Código Penal. La ley incluye la posibilidad de imponer condenas, medidas alternativas y, en ciertos casos, privación de libertad.
La implementación de esta normativa estará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, que será responsable de coordinar acciones, dictar normativas complementarias y establecer convenios con provincias y organizaciones civiles. Una de las novedades más significativas es la inclusión de supervisores especializados, que serán profesionales en educación, psicología o trabajo social, encargados de realizar seguimientos a los adolescentes involucrados en estos procesos. Se prevé la creación de un Registro de Supervisores, el cual funcionará de manera transitoria durante 180 días mientras se formaliza un marco definitivo.
El decreto también formaliza la creación de un Comité Interministerial, integrado por representantes de diversas áreas gubernamentales. Este comité tendrá la responsabilidad de diseñar políticas de prevención y reinserción, intercambiar datos estadísticos y coordinar penas alternativas. Además, se creará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil con el fin de armonizar criterios y facilitar la cooperación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El nuevo régimen establece derechos específicos para las víctimas, asegurando acceso a patrocinio jurídico gratuito y asistencia especializada. También se mandata la capacitación continua para juez, fiscales y defensores, en un intento por mejorar la respuesta institucional ante estos casos. Sin embargo, la implementación de esta normativa se produce en un contexto de dudas en los tribunales de menores sobre la capacidad del Estado para manejar un incremento en la cantidad de casos.
Diversos sectores judiciales expresan preocupación por la falta de infraestructura adecuada, personal calificado, y dispositivos necesarios para garantizar un monitoreo efectivo. Estas inquietudes cuestionan si el Estado estará verdaderamente preparado para implementar las medidas que esta nueva legislación exige, lo que podría afectar su eficacia en la práctica.