Sentencia contra madre que agredió a docentes en Neuquén se conocerá este viernes

La Sala 15 de la Ciudad Judicial de Neuquén albergará este viernes la lectura de la sentencia contra Mariela Farías, quien fue acusada de agredir físicamente a la directora y vicedirectora del Instituto de Formación Docente (IFD) 12, así como de amenazar verbalmente a una docente de inglés. El episodio de violencia, ocurrido en abril de 2025, se inscribe dentro de un contexto de creciente agresiones en el ámbito educativo de la provincia.

La acusación fue presentada por la Fiscalía y la querella, quienes solicitaron una condena por lesiones leves y amenazas simples, calificando ambos delitos como dolosos en concurso real. Hubo un revuelo en la comunidad educativa, ya que este caso se considera un precedente importante en la aplicación de la nueva legislación que castiga la violencia escolar, promovida por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

El caso involucra una serie de eventos donde Farías primero amenazó a la profesora de inglés tras un reproche hacia su hija por el uso del celular en clase. A pesar de que el equipo directivo del IFD 12 le prohibió el ingreso al colegio, la mujer irrumpió en la institución, agrediendo físicamente a las autoridades educativas. La situación fue capturada en video por un estudiante, lo que llevó a su viralización y a un debate amplio en medios y redes sociales sobre la violencia en las escuelas.

El juez Juan Guaita se encargará de decidir la responsabilidad penal de la acusada. Aunque la pena máxima por los delitos que se le imputan no supera los tres años de prisión, su historial delictivo complicaría su situación. El hecho de contar con condenas previas podría llevar a que la pena otorgada sea efectiva y no condicional.

En el contexto de este caso, el legislativo neuquino aprobó en julio de 2025 la Ley 3522, que introduce medidas de protección integral para los trabajadores de la educación. Esta norma permite a las instituciones educativas registrar y denunciar agresiones, estableciendo sanciones que van desde multas hasta arresto contravencional. Su implementación reciente se enmarca en un esfuerzo por erradicar la violencia en el ámbito escolar.

La expectativa por una sentencia condenatoria es alta, según lo manifestado por los representantes de la querella, quienes ven este caso como un paso necesario para abordar y solucionar el problema de la violencia hacia los educadores en la provincia. Se vislumbra que la resolución del juicio podría marcar un cambio en la forma de abordar estos incidentes en el ámbito escolar.