Sheinbaum niega persecución política en arresto de Ruffo Appel

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció sobre el arresto de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, al asegurar que no se trata de una persecución política, tal como lo afirmó un grupo de 25 exmandatarios de América Latina y España. En una conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que su administración respeta el proceso judicial y enfatizó que la situación de Ruffo está fundamentada en delitos graves, relacionados con contrabando de combustible y fraude fiscal.

La mandataria recomendó al público informarse a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y no prestar atención a los comunicados de figuras políticas de otros países que han enfrentado sus propias controversias legales. Al respecto, mencionó que la opinión de estos exgobernantes no debería ser el eje del debate, dado que el caso se basa en evidencias presentadas por la Fiscalía que llevaron a la emisión de una orden de arresto.

Sheinbaum también comentó que, además de Ruffo, otras siete personas están involucradas en el mismo proceso, lo que sugiere un escenario de organización delictiva. Reiteró que el caso es de naturaleza criminal, insistiendo en que cualquier interpretación política de la situación es un error. Su insistencia se basa no solo en la legalidad de los cargos, sino también en el rigor que ha seguido la FGR al abordar la investigación.

El comunicado del Grupo IDEA, que generó la controversia, califica la detención como una acción política dirigida desde el poder y fue firmado por figuras notables como Felipe Calderón y Mauricio Macri, quienes han tenido sus propios cuestionamientos en el ámbito político y judicial. En su declaración, argumentan que Ruffo es un símbolo de la oposición en la historia democrática de México, lo que agrega un matiz político al asunto.

Como antecedente, Citlalli Hernández, secretaria de Gobernación, también había respondido previamente a dicho comunicado, cuestionando la legitimidad de los firmantes en virtud de sus respectivos pasados en el ejercicio del poder y las acusaciones de violaciones a derechos humanos que les siguen. Hernández enfatizó que los cargos contra Ruffo no son de índole política, sino que están relacionados con delitos de narcotráfico y contrabando.

Actualmente, Ruffo Appel se encuentra detenido en el penal del Altiplano y enfrenta serias acusaciones que podrían implicar penas severas. Su defensa está en proceso de apelar ciertos aspectos del procedimiento judicial, lo que prolonga la incertidumbre sobre su futuro legal. La situación resalta la complejidad de los asuntos de justicia en México, donde la línea entre la política y la ley a menudo se encuentra difusa.