SIPINNA propone un registro nacional y fiscalizaciones en escuelas militarizadas

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha manifestado su preocupación por la muerte violenta de dos adolescentes, Dafne Zapata y Erick Torbellín, quienes perdieron la vida en contextos relacionados con academias militarizadas. La SIPINNA reclama mejoras en la regulación y supervisión de estas instituciones, que operan bajo normativas de más de 80 años, que resultan obsoletas e inadecuadas para garantizar la protección de los menores en el marco actual.

La denuncia de SIPINNA se basa en que estas academias han estado bajo esquemas de vigilancia deficientes, lo que ha permitido la existencia de dinámicas de abuso, violencia física y psicológica, así como prácticas de novatadas inaceptables según los estándares internacionales de derechos humanos. La legislación mexicana, que prohíbe explícitamente el castigo corporal y cualquier tratamiento cruel, inhumano o degradante, refuerza la posición de SIPINNA al señalar que no se puede justificar la violencia en nombre de la disciplina militar.

Los recientes incidentes han puesto de manifiesto la falta de supervisión adecuada de las academias militarizadas, que al estar asociadas al ámbito educativo son objeto de control por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, la SEP ha aclarado que no está autorizada para prestar servicios educativos bajo denominaciones militares, lo que pone en evidencia la ausencia de un marco regulatorio claro que aborde esta cuestión.

La SIPINNA ha propuesto tres principales acciones para mejorar la regulación de las escuelas militarizadas: la creación de un padrón nacional, la realización de inspecciones permanentes y la aplicación de sanciones efectivas frente a cualquier violación a los derechos de los niños. Esta iniciativa busca asegurar que se adopten medidas adecuadas para prevenir la violencia y proteger los derechos de la infancia en contextos educativos.

Con los recientes fallecimientos, ha aumentado la presión social sobre las instituciones encargadas de supervisar la educación en el país, exigiendo respuestas contundentes que incluyan no solo una revisión de las normas, sino también la implementación de mecanismos que permitan un monitoreo efectivo de las prácticas en estos centros.

La importancia de abordar esta problemática es crucial no solo por el impacto en las víctimas directas, sino también por el potencial efecto en la percepción social de la educación militarizada en México. Se esperan reacciones por parte de otras organizaciones de derechos humanos y prensa, que podrían influir en la dirección futura de la política pública relacionada con la educación de menores.