Sobreseimiento de exministros de Neuquén en causa Viento Sur

La jueza de garantías de Neuquén, Natalia Pelosso, dictó el sobreseimiento de los exministros de Desarrollo Social de la provincia, Abel Di Luca y Germán Chiapino, quienes estaban imputados en la causa conocida como Viento Sur. La resolución se produjo durante una audiencia de control de la acusación donde la Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado llevar a juicio a los exfuncionarios y a otros seis integrantes de una cooperativa vinculada al caso.

La causa se refiere a un programa implementado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 por decreto, con el objetivo de capacitar a miembros de organizaciones sociales para facilitar su inserción laboral. Según la fiscalía, la cooperativa había desviado fondos, utilizando más del 90% de los mismos para pagar salarios a más de 1.000 beneficiarios, además de destinar sumas a inversiones como plazos fijos y adquisición de terrenos y vehículos.

En su defensa, los exministros argumentaron que habían actuado dentro del marco legal del programa y que el control del uso de los recursos debía ser supervisado por la Contaduría General de Neuquén. En este sentido, la jueza Pelosso concluyó que los exfuncionarios no habían cometido la defraudación como se les imputaba, destacando que la gestión del programa había sido refrendada por el entonces gobernador Omar Gutiérrez y que continuó bajo la responsabilidad del segundo ministro, quien ocupó el cargo tras Di Luca.

La magistrada también cuestionó la validez del planteo fiscal, sugiriendo que si había una distorsión en la operatoria del programa, ello implicaría que el decreto había sido ilegal desde su inicio. Afirmó que, en tal caso, el gobernador Gutiérrez debió ser considerado el ideólogo de lo que se cuestionaba, pero esta acusación no fue hecha.

Respecto a los demás imputados de la cooperativa Viento Sur, la situación cambió significativamente. La jueza consideró que tres de ellos tenían un papel secundario en las maniobras acusadas, mientras que dos de los coautores acusados operaban bajo órdenes de un tercero. De este modo, el rumbo de la causa parece encaminarse a un cierre sin la implicación directa de los exministros, quienes ya no enfrentan cargos.

Este fallo podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la administración de fondos públicos y la fiscalización de programas sociales, un tema de interés en la actualidad provincial.