Solicitan investigar operaciones de tierras cerca del Glaciar Perito Moreno

En la provincia de Santa Cruz, especialmente en la localidad de El Calafate, un grupo de vecinos ha comenzado una campaña para solicitar la investigación del procedimiento que permitió una operación comercial en tierras cercanas al Glaciar Perito Moreno. Esta operación involucra la transferencia de las parcelas G2 y G3 de la Península de Magallanes, un área que es parte de un espacio natural protegido y que limita con el Parque Nacional Los Glaciares.

Los solicitantes, entre los que se encuentran Alexis Casandra Valdéz, Ángel Serra, Alberto Chaile y Fernanda Nogueira, han trabajado en la recolección de firmas no solo de residentes de El Calafate, sino también de turistas y vecinos de otras localidades de Santa Cruz. Se busca que la Comisión Investigadora de la Administración Pública, que actúa en el ámbito de la Cámara de Diputados, analice el Decreto 915/2026 que autoriza esta operación comercial. Este decreto, firmado el 1 de septiembre por el gobernador Claudio Vidal, permite la transferencia de las tierras de Lacustre del Sud SA a ASB Hospitality Calafate SAU, una empresa con vínculos a Dubai.

El interés por esta investigación radica en la alerta sobre posibles irregularidades en el proceso de autorización, que fue calificado como "excepcional". Se solicita a la Legislatura que actúe rápidamente para evaluar la legalidad del procedimiento y determinar si es necesario adoptar acciones legislativas o judiciales. Los firmantes temen que, si no se interviene pronto, se consoliden actos sobre estas tierras que podrían ser difíciles de revertir.

La ubicación de las parcelas en cuestión incrementa la preocupación, al encontrarse dentro de un área natural protegida que es fundamental para la conservación de la biodiversidad y el ecosistema local. Además, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ha tomado medidas precautorias al ordenar que no se proceda con nuevas inscripciones o transferencias sobre estas tierras hasta que se tenga claridad sobre la situación legal.

Esta problemática se inserta en un contexto más amplio, donde la presión por el desarrollo turístico en áreas cercanas a los monumentos naturales suscita tensiones entre la conservación ambiental y el interés comercial. La intervención de la Cámara de Diputados podría marcar un hito en la gestión de tierras en la provincia, planteando la necesidad de un marco regulatorio más sólido para proteger estos recursos naturales y garantizar que las decisiones contemplen no solo la viabilidad económica, sino también la preservación del entorno natural.

El desenlace de esta situación se espera que implique algún tipo de regulación o legislación que contemple la integridad de las áreas naturales protegidas de la región, especialmente ante la creciente presión de desarrollos económicos y turísticos en la Patagonia.