Solicitan juicio por la desaparición de Sergio Ávalos en Las Palmas

La fiscal federal interina, Luisina Tiscornia, ha presentado una solicitud para elevar a juicio a 19 personas involucradas en la desaparición forzada del joven Sergio Ávalos, un estudiante de la Universidad Nacional del Comahue. Este caso se remonta al 14 de junio de 2003, cuando Ávalos fue visto por última vez en el boliche Las Palmas, ubicado en Neuquén, en circunstancias que aún se investigan.

En el escrito elevado al Juzgado Federal N°2, la fiscalía señala que la seguridad del local, compuesta por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, estaría implicada en la desaparición. Además, acusaron a otros trabajadores del establecimiento, quienes, según la fiscal, tuvieron conocimiento de los hechos y se negaron a brindar información, lo que equivaldría a obstruir el desarrollo de las investigaciones.

El requerimiento identifica a once personas como coautores del delito y a ocho más como partícipes necesarios de la desaparición forzada, una falta tipificada bajo el artículo 142 ter del Código Penal, que establece penas entre 10 y 25 años de prisión. La fiscal Tiscornia argumenta que la desaparición sucedió en el contexto de una estructura organizada que operaba dentro del boliche, fomentada por el personal de seguridad y administración del lugar, bajo la dirección del dueño del establecimiento.

Este esquema se caracterizaba por una coordinación donde la violencia era un componente habitual. La fiscalía describió que el personal de seguridad ejercía un control estricto en el local y tenían antecedentes de uso de fuerza contra clientes. Su accionar incluía llevar a los involucrados a un área conocida como "cuartito de seguridad", donde eran sometidos a agresiones físicas y verbales.

A pesar de que continúa la búsqueda del paradero de Ávalos, las pruebas reunidas son consideradas suficientes por la fiscalía para llevar a juicio a los acusados. La denuncia y el contexto de impunidad que se ha denunciado durante años destacan la grave situación de desapariciones en el país, exacerbadas por la falta de respuestas en el sistema judicial y de seguridad.

El caso de Sergio Ávalos es emblemático y pone de manifiesto la preocupación por la violencia institucional en la región, siendo un recordatorio de que la justicia aún lucha por esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias afectadas. La posibilidad de un juicio marcaría un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de desapariciones.