Solicitan un año y medio de prisión para mujer que amenazó a docentes en Bariloche

Durante una audiencia reciente, la fiscal Lucrecia Sola solicitó un año y medio de prisión efectiva para una mujer que amenazó a una docente y agredió físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente 12 en Bariloche. Esta audiencia fue parte del proceso de determinación de pena tras haber sido declarada culpable. Sola también pidió que la acusada asuma las costas del proceso judicial.

La fiscal fundamentó la gravedad de la pena solicitada al considerar el historial delictivo de la mujer, quien ya había sido condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso en 2017. Este antecedente penal, según la fiscal, juega un rol crucial en la decisión del juez, quien debe emitir su resolución en un plazo de 48 horas.

El caso se tornó más complejo teniendo en cuenta que los hechos de violencia ocurrieron en una institución educativa, durante el horario de clases y frente a alumnos y padres. Este contexto, según la acusación, agrava la situación, ya que la mujer no solo atacó a las docentes sino que lo hizo en un lugar donde concurren sus propias hijas. Sola enfatizó que existen suficientes recursos en la vida de la acusada que le permitían comportarse adecuadamente, lo que hizo que su elección de no hacerlo fuera aún más reprochable.

Por su parte, la querella que representa a las docentes agredidas solicitó una pena mayor: dos años y seis meses de prisión efectiva. Argumentaron que los daños psicológicos y psiquiátricos provocados fueron severos y denunciaron la falta de un arrepentimiento genuino por parte de la acusada. También pidieron que se sostengan las medidas de protección que se han establecido para las víctimas.

El abogado defensor de la acusada, en cambio, propuso una condena de seis meses en suspenso, la mínima posible para el caso. Además, puso en cuestión la constitucionalidad de un artículo del Código Penal que podría influir en la sentencia.

Con estos tres enfoques distintos de pena, la decisión del juez será clave no solo para la futura condena de la acusada, sino también para el ambiente en el Instituto de Formación Docente 12, un lugar donde la seguridad y el bienestar del personal docente son imprescindibles para el desarrollo educativo de los alumnos.

El caso ha puesto de relieve la importancia de abordar la violencia en instituciones educativas, un problema que afecta cada vez más a diferentes establecimientos, generando preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en su conjunto.