Suspenden el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires por crisis en prisiones
La Justicia de la provincia de Buenos Aires decidió suspender durante 60 días la aplicación de la nueva Ley N° 27.801, que reduce la edad de imputabilidad. La medida busca evitar el colapso en el sistema penal juvenil, ante la falta de infraestructura y recursos adecuados para contener la creciente cantidad de detenidos.
Una decisión judicial en Buenos Aires ha puesto un freno temporal a la implementación de la Ley N° 27.801, que establece un nuevo régimen penal para adolescentes al bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, determinó que la aplicación de esta ley debe suspenderse por 60 días debido a la incapacidad del Estado provincial para gestionar un aumento en el número de internos en su sistema penitenciario.
La jueza tomó esta decisión tras aceptar un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Este recurso busca proteger los derechos de los adolescentes internados, quienes podrían verse afectados por el colapso del sistema si se aplica la ley sin las condiciones necesarias. La resolución critica la capacidad de las estructuras existentes para albergar a un mayor número de detenidos y responde a una preocupación efectiva sobre la falta de recursos.
La Ley N° 27.801, que apenas entró en vigencia a nivel nacional, permite que menores de 14 años sean juzgados por delitos y se prevé un incremento en las detenciones. En ese sentido, la jueza advirtió que la nueva norma podría generar un aumento considerable en el número de adolescentes privados de libertad, incluso prolongando su estancia en el sistema carcelario.
Pascual destacó que ya existen limitaciones en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, donde su juzgado estableció un máximo de sesenta adolescentes debido a problemas de habitabilidad. Aunque se han realizado algunas mejoras, como en la provisión de agua y alimentación, el sistema sigue lejos de cumplir con los requisitos básicos para un alojamiento adecuado de los jóvenes.
También se mencionaron varias deficiencias, como el acceso restringido a la educación, la falta de capacitación laboral y largos períodos de aislamiento, aspectos que influyen negativamente en los niveles de violencia y la seguridad pública. Por ello, la jueza instó a garantizar el cumplimiento de los derechos esenciales de los adolescentes en el marco del nuevo régimen que se proponía implementar.
Frente a este panorama, la magistrada exige que se aplique un principio precautorio, asegurando que antes de avanzar con la ley, se debe garantizar que los derechos fundamentales de los jóvenes estén resguardados en un entorno seguro y habilitado para su rehabilitación.
La situación en Buenos Aires es un reflejo de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia juvenil y penal en el país, donde las condiciones de detención han sido objeto de críticas constantes por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.