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Suspenden juicio a prueba para colectivero que atropelló a peatona en Neuquén

El juez Juan Guaita decidió otorgar suspensión de juicio a prueba al colectivero acusado de atropellar tres veces a una peatona en Neuquén. Esta decisión se basa en la conformidad de la víctima y el historial del imputado, que no tiene antecedentes penales.

Por Rodrigo Ramirez Aburto3 min de lectura
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Suspenden juicio a prueba para colectivero que atropelló a peatona en Neuquén

En una reciente audiencia, el juez de garantías Juan Guaita resolvió suspender el juicio a prueba al chofer de colectivo que fue acusado de atropellar a una peatona en varias ocasiones en Neuquén capital. Este incidente, ocurrido el 12 de diciembre de 2024, resultó en lesiones gravísimas para la víctima, lo que impulsó la formulación de cargos en octubre de 2025.

El accidente se produjo en la intersección de las calles San Martín y Jujuy, donde el colectivo, al realizar un giro, impactó inicialmente a la peatona, quien cayó al suelo. Posteriormente, las ruedas traseras del vehículo pasaron sobre sus piernas. En un giro descontrolado, el conductor no se percató de la situación y, al intentar retroceder, volvió a aplastar las extremidades de la mujer. Aún más grave, en otra maniobra, volvió a avanzar sobre ella, lo que generó un especial impacto social debido a la brutalidad del hecho.

La decisión del juez Guaita de otorgar la suspensión del juicio a prueba estuvo respaldada por la aceptación de esta alternativa por parte de la víctima. A pesar de la gravedad de los hechos, el imputado fue beneficiado debido a la falta de antecedentes penales y la posibilidad de que la pena pudiera ser de ejecución condicional. La querella, que optó por no aceptar un resarcimiento económico en la instancia penal, continuará buscando indemnización a través de la vía civil contra la aseguradora.

Durante el año de probation que se le ha impuesto, el chofer deberá cumplir estrictamente ciertas condiciones. Este incluye la inhabilitación para conducir, realizar un curso de manejo defensivo y llevar a cabo 96 horas de trabajo comunitario sin ninguna remuneración. Además, se le prohíbe el consumo de estupefacientes y la ingesta excesiva de alcohol, medidas que buscarán prevenir futuros incidentes similares y fomentar la responsabilidad en el manejo.

El caso ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la responsabilidad de los conductores de transporte público y las medidas que deben implementarse para garantizar la seguridad de los peatones. La decisión judicial de suspender el juicio abre un camino que podría sentar un precedente en cuanto a la clasificación de estos incidentes y su tratamiento en el marco legal.

Con la atención puesta en este tipo de medidas alternativas, se espera un seguimiento de los cumplimientos impuestos al imputado y la resolución del reclamo civil, que involucra a la compañía aseguradora del chofer. Este caso resalta la complejidad de las situaciones legales que involucran a transportes públicos y las víctimas de accidentes de tránsito.

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