Suspenden licitación de escoltas por irregularidades en la UNP

El 18 de julio, un juez de Colombia tomó la decisión de suspender de forma provisional el proceso de contratación de escoltas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La suspensión se produjo tras la acción de tutela presentada por un escolta que denunció restricciones en la convocatoria y posibles violaciones a derechos fundamentales, lo que ha puesto en foco la transparencia de la administración pública en los procesos de selección.

La UNP había anunciado el proceso de licitación PSA-UNP-054-2026, que originalmente contemplaba la contratación de servicios de seguridad en diez zonas del país, pero que fue restringida a solo las zonas uno y dos, afectando a cerca de 3.500 escoltas. El juez, al hacer lugar a la tutela, estableció que la medida era necesaria para asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades laborales en el marco del programa de protección.

El demandante argumentó que la decisión de limitar la convocatoria se realizó sin una justificación válida y sin llevar a cabo estudios técnicos que respaldaran la restricción, lo que generaba una dinámica de trato desigual entre los escoltas. Desde 2023, la UNP había mantenido un modelo de licitación que permitía la participación de distintas empresas para la contratación de seguridad, pero el cambio abrupto en las condiciones de la convocatoria generó descontento entre los trabajadores afectados.

La acción interpuesta no solo busca suspender el avance de la licitación, sino también exigir a la UNP que presente los fundamentos que justifiquen la decisión tomada. En el documento, el escolta advirtió sobre el riesgo de que, si la licitación avanzaba sin la debida transparencia, los trabajadores perderían su única fuente de ingresos mientras se clarifican las irregularidades. Esta situación pone en evidencia la necesidad de un marco regulatorio claro que garantice la protección de los derechos laborales en el país.

Asimismo, el enfoque del juez ha sido garantizar la continuidad de los derechos de los trabajadores, asegurando que cualquier diferencia en el tratamiento a los mismos esté sustentada en criterios objetivos y razonables, promoviendo así la igualdad y transparencia en las decisiones administrativas de la UNP.

Finalmente, el caso resuena en un contexto donde la contratación pública en el ámbito de la seguridad ha sido históricamente objeto de controversia y críticas, lo que refuerza la importancia de procesos claros y auditables en la asignación de recursos públicos en Colombia. La situación se mantendrá bajo revisión ante la justicia, a la espera de que se resuelvan las dudas planteadas en la tutela presentada.