Suspensión de atención a afiliados de PAMI en Chubut por 24 horas

Este lunes 24 de agosto, más de 20 instituciones de salud privadas en Chubut y otras provincias del sur argentino interrumpieron la atención a los afiliados de PAMI durante 24 horas. La decisión, que afecta a unos 300.000 beneficiarios, incluye la suspensión de consultas programadas, estudios diagnósticos y otras prácticas médicas rutinarias. Según el sector prestador, esta medida responde a un desfasaje significativo entre los aranceles que abona la obra social y el creciente incremento de los costos de atención.

Los datos recientes revelan que la inflación acumulada durante los últimos 30 meses se sitúa en un 341%, mientras que los aranceles reconocidos por PAMI han aumentado solo un 143%. Esta diferencia implica, según cálculos de las instituciones, una erosión del 75% en el valor real de los aranceles, lo que torna inviable la sostenibilidad de las prestaciones ofrecidas.

A la problemática de los aranceles se suma el aumento constante en los costos de insumos, medicamentos y servicios, lo que agrava aún más la situación económica de los centros de salud. En particular, los centros de diálisis del país, que atienden a 4.700 afiliados, expresan su preocupación ante la falta de actualización del módulo de pago por más de un año y medio, el cual además sufrió una reducción del 8% en ese período.

Las instituciones de salud argumentan que, a pesar de sus esfuerzos por mantener la atención médica, resulta insostenible continuar así sin una respuesta rápida de PAMI sobre sus reclamos. La situación es especialmente crítica en las áreas interiores del país, donde los costos de traslado de pacientes y otros gastos logísticos han incrementado notablemente.

A pesar del paro, las instituciones garantizan la atención en guardias, urgencias y emergencias para pacientes que necesiten asistencia inmediata. Sin embargo, los prestadores continúan presionando a las autoridades de PAMI, a las cuales no han recibido respuestas satisfactorias a sus planteos en más de un año, lo que podría poner en riesgo la continuidad de diversas prestaciones médicas en la región.