Suspensión de audiencias por certificados médicos falsos en Río Negro

La causa por la presunta presentación de certificados médicos falsos por empleados públicos en Río Negro continúa su proceso legal con nuevas suspensiones. Este viernes tuvo lugar la tercera de las audiencias programadas, y se determinó que aún restan siete más, siendo la próxima fijada para el 28 de septiembre. La investigación, que comenzó en 2024, está liderada por los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, y cuenta con más de 110 imputados, cifra que no se conoce en otros casos dentro del país.

El caso ha despertado un particular interés por parte del Gobierno provincial, que inició la denuncia a través del gobernador Alberto Weretilneck y ha mantenido un seguimiento en las audiencias, con la presencia de la secretaria de Función Pública, Tani Lastra. El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, ha encontrado múltiples obstáculos en el avance del proceso, lo que ha llevado a suspensiones reiteradas. La primera audiencia tuvo lugar a principios de junio y fue interrumpida para asegurar el derecho a una defensa adecuada.

La complejidad del expediente, que constituye una masa significativa de documentación, ha sido un foco de atención, así como la necesidad de adecuar los tiempos del proceso a la cantidad de imputados y defensores involucrados. En la segunda audiencia, celebrada el 21 de agosto, se volvió a suspender la sesión por la ausencia de algunos imputados y por la presentación de excepciones procesales.

El fiscal Peralta ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar rápidamente para que la causa pueda tramitase efectivamente, haciendo un llamado a la colaboración de todas las partes para evitar nuevas dilaciones. "Es fundamental que se ponga la voluntad necesaria para que esto no se siga dilatando en el tiempo", destacó, indicando que el proceso lleva más de dos años.

Además, durante las últimas audiencias, los defensores han planteado la posibilidad de que la causa sea trasladada a los tribunales de General Roca y Cipolletti, donde residen la mayor parte de los imputados. Asimismo, uno de los defensores pidió dispensa para su cliente, alegando que la repetición de los planteos técnicos en cada audiencia hacía innecesaria su presencia.

El desarrollo de este caso continúa generando inquietud en el ámbito del Gobierno provincial y entre los afectados, mientras que las suspensiones han provocado una creciente frustración entre las partes involucradas, retrasando el inicio de la formulación de cargos fundamentales para el avance judicial de la causa.