Suspensión de selección de escoltas de la UNP por decisión judicial

La contratación de escoltas para la Unidad Nacional de Protección (UNP), que asigna más de 78.000 millones de pesos, ha sido suspendida por orden del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. Esta medida fue establecida en respuesta a seis recursos judiciales presentados por parte de los trabajadores afectados, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de selección. Según los reclamos, la UNP modificó el alcance de su proceso de selección, restringiendo las zonas de cobertura de los escoltas a las denominadas Zonas 1 y 2, lo que dejó fuera a varias regiones que igualmente presentan condiciones técnicas y jurídicas adecuadas.

El fallo judicial subraya que la decisión administrativa de la UNP podría plantear un riesgo claro sobre la estabilidad laboral de los escoltas, ya que los trabajadores de las zonas excluidas podrían perder su empleo si un nuevo operador es adjudicado el contrato. La situación genera preocupación, ya que esta decisión atenta contra los derechos laborales fundamentales de los empleados, quienes dependen de estos trabajos para su sustento.

El presidente electo Abelardo de la Espriella también ha manifestado su inquietud respecto a la adjudicación de estos contratos antes de la transición de gobierno, solicitando la intervención de la Procuraduría. De la Espriella enfatizó que tal adjudicación podría limitar la capacidad del nuevo gobierno para revisar a fondo los perfiles de quienes serán responsables de la seguridad. Esta preocupación está centrada en el proceso de selección abreviada PSA-UNP-054-2026, que es clave para la seguridad personal del presidente y los nuevos ministros.

Ante esta situación, De la Espriella ha instruido al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, para solicitar formalmente la intervención de la Procuraduría General, con el objetivo de que se ejerza vigilancia sobre el proceso de contratación y se garantice una administración adecuada de los recursos públicos.

La suspensión del proceso de selección ha creado incertidumbre entre los escoltas que aspiraban a formalizar su vínculo laboral, afectando especialmente a aquellos que dependen de la continuidad del contrato para mantener a sus familias. El futuro de las adjudicaciones y de la formalización de nuevos cargos está en espera de la resolución del juzgado respecto a las tutelas presentadas, que determinará el curso de acción a seguir.

En este contexto, la UNP deberá responder ante las autoridades judiciales, mientras que cientos de trabajadores permanecen en una situación de incertidumbre laboral y económica debido a la suspensión.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la atención pública permanece en el impacto que estas decisiones administrativas podrían tener en la estabilidad laboral de los escoltas y en la seguridad del futuro gobierno, estableciendo un panorama tenso ante la transición que se aproxima.