Tensión en barrio privado por prisión domiciliaria de empresario condenado

La controversia en un barrio privado de Neuquén se intensifica con la llegada de un empresario condenado por abusos sexuales, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Residentes de la zona han iniciado manifestaciones como bocinazos y cacerolazos para exigir su reubicación en una unidad penitenciaria, expresando su creciente malestar desde que el condenado regresó al barrio con arresto domiciliario y tobillera electrónica

Desde el pasado jueves, cuando se conoció la decisión judicial que permitió el regreso de J.R. al barrio, los vecinos han realizado varias acciones de protesta, que van desde ruidos ensordecedores hasta la arrojación de objetos contra la propiedad del condenado. Este clima de tensión ha requerido la presencia de un extenso operativo policial que monitorea la situación las 24 horas del día.

Los manifestantes denuncian que la Policía ha comenzado a registrar imágenes de sus vehículos y a filmar a quienes protestan, lo que consideran un acto de intimidación. Aseguran que el accionar policial es más un método de amedrentamiento que una medida de seguridad, dado que buscan expresar su rechazo a la permanencia del condenado en su comunidad. Esta situación se ve agravada por los antecedentes de amenazas y vandalismo, entre los que se encuentran rayones a vehículos vinculados al empresario.

Según testimonios de los vecinos, el empresario y su esposa se mudaron al barrio antes de que se hiciera pública su condena, lo que había hecho que su presencia pasara desapercibida. Este sector alberga propiedades grandes, lo que facilita el ingreso de trabajadores para mantenimiento, aumentando las preocupaciones de los vecinos sobre la seguridad de la zona.

Ante la escalada del conflicto, la Policía ha convocado a los residentes a una reunión para discutir sus inquietudes, aunque muchos muestran escepticismo respecto a su eficacia. Los vecinos relatan que la alternativa propuesta por la fuerza de seguridad es que formalicen una denuncia ante la Fiscalía para manifestar sus preocupaciones, pero no tienen altas expectativas sobre la respuesta que recibirán.

La situación actual refleja una lucha comunitaria por la seguridad y justicia en un contexto donde el sistema judicial y la policía deben equilibrar derechos individuales con las demandas de una comunidad asustada, haciendo que las próximas decisiones judiciales sean cruciales para el futuro del barrio y sus habitantes.