Tensión por usurpación de predio privado en Neuquén: restricciones a los insumos

En el noroeste de Neuquén, un predio que había sido destinado a un desarrollo habitacional ha sido objeto de una ocupación que comenzó el 18 de agosto. La toma, conocida como "Toma La Rosa", coincide con la imposibilidad de los propietarios de iniciar las obras de cercado del terreno, una situación que ha generado una creciente tensión en la zona, especialmente en el barrio Los Hornitos.

La ocupación del terreno ha atraído la atención de las autoridades y de los medios de comunicación, debido a que la policía ha impedido el ingreso de insumos básicos, como comida y leña, a los ocupantes. Esto ha llevado a situaciones críticas para las aproximadamente cien personas que se encuentran en el predio, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Pablo, uno de los ocupantes, relató que la restricción afecta gravemente su capacidad para abastecerse y que las provisiones solo pueden ingresarse durante el día.

El propietario del terreno denunció que fue notificado de la ocupación a altas horas de la noche y que, a pesar de solicitar un desalojo judicial, aún no se ha ejecutado. Conforme a la resolución judicial, el bien debería ser restituido al dueño dentro de un plazo que ya ha sido superado. Sin embargo, la situación está marcada por la presencia policial y la expectativa de un desalojo inminente que podría acentuarse en las próximas horas.

Un informe policial ha acentuado el debate en torno a las razones de la ocupación, sugiriendo que la mayoría de los ocupantes son inmigrantes de nacionalidad boliviana. Este dato ha suscitado críticas sobre la falta de inscripción de estos individuos en el Registro Provincial de Demandantes de Vivienda (RUPROVI), lo que podría complicar aún más su situación legal y habitacional en la provincia.

Aumentan las preocupaciones sobre el posible uso de la fuerza policial ante la resistencia de los ocupantes. Pablo también ha denunciado amenazas y presiones por parte de los agentes, con un contexto que se torna cada vez más crítico. Desde el grupo de ocupantes, se hace hincapié en que buscan una solución habitacional y no un estatus de cesión gratuita de tierras, argumentando la imposibilidad de continuar pagando alquileres.

La situación refleja un conflicto más amplio en la provincia y en la región patagónica en relación con el acceso a la vivienda y los derechos de los ocupantes. Se espera que las próximas decisiones judiciales y policiales tengan repercusiones significativas tanto para los involucrados como para la comunidad en general.