Testigos revelan sobreprecios en obras viales de Santa Cruz en juicio por Vialidad II

Durante el juicio oral por Vialidad II, surgieron revelaciones sobre el uso de sobreprecios en obras públicas de Santa Cruz. Uno de los testigos, Daniel Semino, quien trabajó en el Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente de la Dirección Nacional de Vialidad, indicó que en la liquidación de certificados de obra se pagaron montos que excedían significativamente los precios de mercado. En un ejemplo concreto, mencionó que los costos de colocación de postes en una ruta provincial se liquidaban en un millón de pesos, cuando el precio real debería haber sido alrededor de 100 mil pesos.

Semino explicó que su función en el Departamento no incluía la determinación de los montos a pagar, sino que se limitaba a liquidar intereses por pagos anticipados. Los expedientes eran presentados a su oficina solo después de haber pasado por múltiples revisiones técnicas, lo que limitaba su capacidad de intervención. Luego de su revisión, los documentos seguían hacia el área de contabilidad, donde se aplicaban las retenciones correspondientes antes de ser enviados al Ministerio de Economía para el pago final.

En otra instancia del juicio, Marcelo Bianchi, exdirectivo de la Unidad de Auditoría Interna de la DNV, también testificó sobre la falta de auditorías en las licitaciones provinciales. Aunque los fondos provenían de Vialidad Nacional, el organismo no tenía el poder para auditar los procesos licitatorios llevados a cabo por las provincias, lo que genera interrogantes sobre la transparencia en la ejecución de las obras. Bianchi señaló que la UAI elaboraba anualmente entre 25 y 50 informes sobre auditorías, pero no tenía injerencia en los convenios gubernamentales establecidos con las provincias.

La investigación en curso, que forma parte de la causa Vialidad II, se desprende de un caso más amplio que analiza la adjudicación de obras viales en Santa Cruz durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, donde se identificaron vínculos económicos con el empresario Lázaro Báez. Este contexto histórico marca un vínculo directo entre los sobreprecios denunciados y el esquema de corrupción que ha sido investigado en los últimos años.

La revelación de estas irregularidades frente al tribunal genera un impacto significativo, no solo en el ámbito judicial sino también en la percepción pública sobre la gestión de fondos públicos destinados a infraestructura. Como próximo paso, se espera que continúen las audiencias con más testimonios que aporten al esclarecimiento de los hechos denunciados.

El juicio por Vialidad II ha puesto en la mira las obras públicas en una de las provincias más afectadas por la corrupción en la última década, reafirmando la importancia de la supervisión adecuada en el uso de recursos del Estado.