Tierra del Fuego impulsa sanciones ante ruta marítima Chile-Malvinas
Tierra del Fuego está legislando para dificultar una futura conexión marítima entre Chile y las Malvinas, que empezaría a operar en noviembre de 2026. Además, se prohibirá el ingreso de petroleros británicos en sus puertos como respuesta a la situación de soberanía en la región.
El Gobierno de Tierra del Fuego se encuentra en proceso de modificar su normativa provincial para obstaculizar la futura ruta marítima comercial que conectará Chile con las Islas Malvinas. Esta nueva vía, que se espera comience a operar en noviembre de 2026, fue negociada entre la Corporación de Desarrollo de las Malvinas y la naviera chilena Eastern Island, quienes planean reunirse en Santiago de Chile para concretar los detalles del proyecto.
Entre las medidas que se están considerando, destaca la prohibición del ingreso de buques petroleros de bandera británica a los puertos de la provincia. Esta decisión surge en un contexto de tensiones por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y la logística de abastecimiento al archipiélago de Malvinas, actualmente bajo control británico. La administración local, liderada por el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, plantea sanciones económicas para desalentar el uso de infraestructura vinculada al abastecimiento de las islas.
El nuevo corredor marítimo de Chile a las Malvinas modificaría el actual vínculo logístico, que hoy gira en torno al único puerto de Montevideo. Con aproximadamente 2.000 kilómetros de distancia en este trayecto, la nueva ruta, partiendo desde Punta Arenas, reduciría significativamente ese trayecto, lo que podría optimizar el comercio y los tiempos de entrega de productos a las islas. Se estima que el mercado anual de esta conexión podría alcanzar unos 20 millones de dólares, abarcando alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas y otros insumos.
La provincia se apoya en sus facultades sobre aguas jurisdiccionales y en un decreto nacional que exige autorización del Estado argentino para el tránsito de buques entre los puertos del continente y las Malvinas. Estos esfuerzos reflejan las preocupaciones regionales por el avance del proyecto Sea Lion, que contempla la explotación de petróleo en aguas cercanas a las islas. Dicha instalación ha provocado el anuncio de medidas cautelares por parte del gobierno argentino, liderado por Javier Milei.
En este sentido, la estrategia de Tierra del Fuego busca establecer un marco legal que le permita tipificar como infracción la utilización de la infraestructura del archipiélago para el abastecimiento. De esta forma, se intenta proteger los intereses y la soberanía argentinas en una región históricamente conflictiva.
Para seguir adelante con sus objetivos, el gobierno provincial planea seguir un esquema de sanciones que encarezcan el tráfico comercial en la nueva ruta, lo que representa una clara postura ante los desafíos que presenta el futuro de la soberanía en las Malvinas y sus aguas adyacentes.