Toma de terrenos en Neuquén: desalojo autorizado mientras se espera la resolución
En la toma de terrenos de Padre Genco en Neuquén, los ocupantes se preparan para un desalojo autorizado por la Justicia, en medio de un fuerte frío y la incertidumbre sobre su futuro. La situación se complica con un proyecto de 240 viviendas que quedó paralizado debido a la ocupación, sumando tensiones entre los vecinos y las autoridades.
La toma de terrenos en la calle Padre Genco y Fogwill, en Neuquén, se mantiene vigente a la espera de un desalojo que ya cuenta con la autorización judicial correspondiente. Este proceso fue solicitado por el fiscal Juan Narváez a la Comisaría 12, luego de que el juez de garantías, Juan Manuel Kees, aprobara el desalojo. Sin embargo, los ocupantes aún no han recibido formalmente la orden en papel, pese a que se les ha comunicado verbalmente sobre la situación.
El predio ocupa más de seis hectáreas y, según informan fuentes locales, está inscrito a nombre de una entidad intermedia de la ciudad que posee las autorizaciones municipales para iniciar la construcción de un proyecto de vivienda social que incluye 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex. Este desarrollo estaba previsto para comenzar justo antes de la ocupación, lo que ha generado un conflicto significativo entre los residentes actuales y los propietarios.
Los ocupantes del terreno abarcan una diversidad de orígenes. Muchas de las familias son de Neuquén, pero también hay personas que han llegado de otros lugares como Salta y Jujuy, así como de la comunidad boliviana. Un informe policial revela que una parte considerable de los ocupantes es de nacionalidad boliviana y no se encuentran inscriptos en el Registro Provincial de Demanda Habitacional (RUPROVI), lo que provoca divisiones entre los propios residentes, algunos de los cuales critican la presencia de extranjeros, mientras que otros enfatizan que muchos son originarios de la provincia.
La precariedad económica afecta a quienes se encuentran en la toma. Una residente expone que su sueldo mensual no le permite cubrir ni el costo de un alquiler, por lo que se ve forzada a vivir con familiares. Esta condición ha llevado a muchos de los ocupantes a cuestionar la capacidad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para regularizar sus situaciones habitacionales, ya que el proceso es lento y queda mucha gente excluida por irregularidades en la adquisición de terrenos.
La relación entre los ocupantes y la policía se ha vuelto tensa, ya que los residentes han denunciado intimidaciones, lo que añade un nivel de estrés a una situación que ya es complicada. Las autoridades buscan resolver el conflicto, pero el desafío de encontrar soluciones habitacionales para todos los afectados persiste en un contexto donde las necesidades sociales son apremiantes, y el desalojo inminente genera incertidumbre entre quienes viven en el terreno ocupado.
La continuidad de esta toma y su desenlace dependerán de las acciones que tomen las autoridades en los próximos días, mientras los ocupantes esperan saber cuál será su futuro inmediato.