Torres critica el garantismo judicial y la situación de internos en Trelew

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció en contra del "garantismo" judicial, especialmente en el contexto de un conflicto por la alimentación de los internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew. Esta situación se intensificó con protestas de los detenidos, quienes demandan mejores condiciones en las viandas, con énfasis en la inclusión de carne y proteínas en su dieta.

Torres apuntó sus críticas hacia el juez Di Biase, a quien declaró responsable por las decisiones que impactan en la alimentación de los internos. La Justicia ha ordenado al Gobierno provincial la compra de carne roja, lo que el gobernador considera una manifestación del "garantismo berreta" que, afirma, ha generado graves problemas en el país. Remarcó que esta situación refleja una ideologización de la Justicia que socava las acciones del Gobierno en materia de seguridad.

El mandatario relacionó el conflicto actual con decisiones judiciales anteriores que obstaculizan medidas de seguridad propuestas por su administración, como la normativa para retirar teléfonos celulares a los presos, lo que ha permitido el aumento de delitos como estafas. Según Torres, la justicia ha puesto a los delincuentes en un rol de víctima, desatendiendo las necesidades de quienes realmente resultan afectados por sus acciones delictivas.

En una defensa de la política de su administración, el gobernador subrayó la importancia de proteger a los ciudadanos comunes, los cuales considera que se sienten desprotegidos al ver cómo la Justicia prioriza los derechos de los convictos sobre las necesidades de las víctimas. Observó que esto desnaturaliza el enfoque requerido para hacer frente a la criminalidad en la provincia.

Torres recordó un caso teórico en el que un habeas corpus le permitió a un recluso considerado peligroso mantener contacto con una psicóloga, lo que terminó en un intento de fuga. Con base en este antecedente, enfatizó la necesidad de reformar el sistema judicial y depurarlo de lo que ve como ideología peligrosa.

Esta disputa subraya la creciente tensión entre los derechos de los reclusos y las demandas de seguridad pública en Chubut, desafiando al Gobierno a encontrar soluciones que equilibren ambas cuestiones. De esta manera, la administración provincial se enfrenta a la presión de responder a las expectativas de justicia popular sin descuidar los derechos humanos de toda la población, incluidos los internos.