Torres critica medidas judiciales sobre alimentación de presos en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha expresado su indignación ante una reciente decisión judicial que ordena al gobierno provincial comprar carne roja para la alimentación de los detenidos en el Instituto Penitenciario Provincial y la Alcaidía de Trelew. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien estableció un plazo de 72 horas para realizar la adquisición. Torres se mostró visiblemente molesto, argumentando que esta situación se asemeja a una demanda sindical de los presos y criticó la postura del juez por considerar que debería actuar con imparcialidad y no como si fuera un representante de los internos.

Además de calificar la decisión de "absurda" y señalar que no están dispuestos a cumplirla, el gobierno provincial, sin embargo, procedió con la compra de carne para los reclusos. Este acto de entrega ha generado un descontento en la opinión pública, especialmente considerando que el mandatario insinuó que esta medida implica una atención especial innecesaria hacia los delincuentes. En sus declaraciones, Torres cuestionó el razonamiento detrás de los fallos judiciales que, en su opinión, favorecen a los presos en detrimento de la lógica penal.

No es la primera vez que el gobernador tiene enfrentamientos con la justicia desde que asumió en diciembre de 2023. En varias ocasiones, Torres ha criticado abiertamente al mismo juez Di Biase, quien previamente había permitido que un peligroso delincuente asistiera en persona a una sesión de terapia, resultando en una fuga. Esta serie de conflictos entre el gobierno de Chubut y el Poder Judicial ha escalado, especialmente con el intento de eliminar fueros a los jueces, lo que intensificó los roces.

En un tono crítico, el gobernador hizo énfasis en que hay jueces que parecen más ocupados en proteger intereses de los internos que en cumplir con su función judicial. También mencionó situaciones previas en las que Di Biase se pronunció a favor de los reclusos, como pedidos para realizar llamadas familiares por motivos de salud, lo que Torres considera un exceso.

El cruce verbal entre el gobierno provincial y el Poder Judicial parece no tener fin, y la controversia respecto a la alimentación de los presos añade un nuevo capítulo a esta compleja relación. Con la creciente tensión, se vuelve incierto cómo se desarrollará el diálogo entre ambas partes en el futuro inmediato, especialmente con la intención de Torres de marcar un cambio en la gestión penal de la provincia.