Translima enfrenta crisis por extorsiones: transportistas paralizan sus operaciones

Translima, una de las principales empresas de transporte en Lima, Perú, enfrenta una grave crisis tras la intensificación de ataques y amenazas extorsivas que comprometen la seguridad de sus conductores. En la última semana, la empresa ha detenido sus operaciones durante cuatro días, en respuesta a la violencia ejercida por hasta seis bandas criminales que exigen pagos ilegales a los transportistas para permitir que continúen con su actividad laboral.

El ataque más reciente, ocurrido el 28 de julio, se produjo mientras una unidad de la empresa se encontraba en un surtidor de combustible en el distrito de Carabayllo. Este incidente se suma a otros tres ataques registrados a lo largo del año, aumentando la angustia y la impotencia entre los trabajadores, quienes también habían planeado una marcha hacia el Congreso para exigir medidas de seguridad, la cual fue cancelada por falta de coordinación entre las diferentes líneas de Translima.

Los conductores operan principalmente en tres rutas que conectan diversas zonas de Lima, desde Plaza Norte hasta Jesús María. Sin embargo, la situación de inseguridad ha llevado a una notable disminución en la cantidad de vehículos disponibles, con testimonios que indican una reducción de casi la mitad de la flota usual. Esta ausencia de unidades también compromete la economía de los choferes, quienes deben asumir costos adicionales, como el alquiler de espacios de cochera en Carabayllo.

Inicialmente, se reportaron cuatro bandas criminales implicadas en las extorsiones, pero este número ha crecido a seis. Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzan un monto aproximado de 24 soles por cada conductor. Este contexto de amenazas no sólo pone en riesgo a los choferes, sino que también afecta la seguridad de los pasajeros, ya que algunos de los ataques se llevan a cabo mientras las unidades están en marcha.

Los trabajadores han manifestado su preocupación por el estado de sus condiciones laborales y han solicitado acción inmediata de la Policía Nacional y del nuevo gobierno para frenar el avance de la criminalidad en el sector del transporte. La extensa ola de violencia y extorsiones en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 12 mil denuncias en seis meses, lo que resalta la urgencia de medidas efectivas para restaurar la seguridad en el transporte público.

La falta de reformas y el aumento de delitos en el país crean un círculo vicioso que afecta a todos los sectores, incluido el transporte. A medida que la situación se deteriora, los choferes de Translima esperan respuestas concretas de las autoridades para enfrentar los desafíos que presentan las extorsiones y garantizar su protección.