Transportistas de Lima y Callao exigen medidas urgentes ante la extorsión

Los transportistas de Lima y Callao se encuentran en alerta ante la creciente extorsión que están sufriendo por parte de bandas criminales. El gremio ha hecho un llamado al nuevo gobierno de Keiko Fujimori para que adopte medidas inmediatas que garanticen la seguridad en el transporte público. Conductores de combis y buses en zonas como Lima Sur han reportado amenazas frecuentes, donde los pasajeros también se ven afectados, al tener que pagar parte de sus tarifas a estas organizaciones.

Los extorsionadores han establecido un sistema de cobro ilegal que varía entre cincuenta y setenta soles por semana, y que puede aumentar si los conductores deben sobornar a más de una banda. Esta situación ha generado un clima de miedo tanto entre los choferes como entre los pasajeros, quienes han manifestado su preocupación por la falta de seguridad al utilizar el transporte público. En algunas rutas, las áreas más vulnerables son las cercanas al conductor, donde se han producido incidentes violentos.

Los dirigentes del gremio, ante este contexto, han reconocido la falta de liderazgo y apoyo institucional. La ausencia de dirección por parte de los representantes ha incrementado la vulnerabilidad de los transportistas, quienes ven limitada su capacidad para actuar ante la amenaza de las pandillas. La falta de patrullajes constantes y efectivos también ha sido señalada como un factor que agrava la situación, siendo que la respuesta de las autoridades suele estar ligada a la aparición de los medios de comunicación.

La modificación de leyes que dificultan la persecución de estas bandas ha sido una de las principales demandas del gremio. Julio Campos, líder de los transportistas, ha solicitado al gobierno la derogación de un conjunto de normativas que, según él, entorpecen la acción de las fuerzas de seguridad. Estas leyes, que aumentan los requisitos para la comprobación de delitos, se considera que protegen a las organizaciones delictivas.

Los transportistas han enfatizado la necesidad de una acción coordinada que involucre a la Policía, la fiscalía y el sistema judicial desde el primer día de gestión del nuevo gobierno. Exigen un compromiso político que permita implementar medidas que garanticen la seguridad en las rutas y brinden protección a los trabajadores del transporte público.

Aunque no se ha convocado oficialmente a un paro, Campos ha advertido que, ante la falta de respuestas, el gremio podría organizar movilizaciones en busca de mejores condiciones de seguridad. La presión sobre el nuevo gobierno de Fujimori es intensa, ya que los transportistas claman por una solución rápida que devuelva la tranquilidad a su labor y a la comunidad de pasajeros que utilizan sus servicios.