Tres médicos imputados por homicidio culposo en la muerte de una joven en Viedma

Tres médicos de un centro de salud privado en Viedma fueron imputados por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de una joven de 22 años. El fallecimiento ocurrió el 19 de diciembre de 2024, mientras la paciente se encontraba internada por sospechas de Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT). La fiscal Paula de Luque, quien dirige la investigación, formuló los cargos este martes, destacando la omisión de un tratamiento necesario durante su internación.

La joven había ingresado a la guardia del centro de salud el 15 de diciembre, donde uno de los imputados trabajaba como médico de guardia. Los otros dos profesionales tenían roles de coordinación en la Unidad de Terapia Intensiva. Según la fiscalía, a partir del 18 de diciembre, los exámenes confirmaron la presencia de anemia hemolítica microangiopática (MAHA) y se debió haber iniciado con carácter urgente la plasmaféresis, un tratamiento que podría haber reducido significativamente los riesgos de mortalidad asociados con la enfermedad.

La Fiscalía sostiene que los tres médicos conocían la situación de la paciente y, a pesar de que la institución contaba con los medios necesarios para llevar a cabo la plasmaféresis, no se realizó el procedimiento. Esta falta de acción se considera que contribuyó a un riesgo mayor para la joven, quien falleció pocos días después de su ingreso al sanatorio. Su certificado de defunción señala que la causa de la muerte fue la Púrpura Trombótica Trombocitopénica.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó diversas pruebas, entre ellas la denuncia del padre de la joven y su confirmación, historia clínica, estudios adicionales y un análisis de una junta médica del Cuerpo de Investigación Forense. Asimismo, se incluyeron testimonios de otros cinco médicos que confirmaron la posibilidad de realizar la plasmaféresis en el establecimiento.

El abogado de los imputados, Damián Torres, cuestionó la acusación, argumentando que la misma no individualiza adecuadamente las acciones de cada médico ni establece claras normas que habrían sido violadas. Además, indicó que la defensa se oponía al avance de la causa bajo los fundamentos presentados en la instancia judicial.

A pesar de las objeciones de la defensa, la fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación, a lo que la querella también se adhirió, destacando que aún queda información por recabar para esclarecer los hechos.