Un abogado deberá costear una demanda laboral desmedida contra un supermercado

Un tribunal del fuero laboral ha decidido que un abogado será el único responsable de las costas asociadas a una demanda que había presentado en nombre de una ex trabajadora de una cadena de supermercados. Este fallo se deriva de una acción judicial que fue desestimada por considerarse que el reclamo económico era desmedido y que contenía importantes errores técnicos que el profesional debió identificar antes de iniciar el proceso legal.

La demanda había sido interpuesta por una cajera que fue despedida sin causa en marzo de 2025, tras haber comenzado su labor en agosto de 2023. La extrabajadora reclamaba una indemnización de aproximadamente 22 millones de pesos, argumentando que su despido era una represalia por un problema de salud en su hombro, lo que según ella había sido evidenciado por la fecha del despido, ocurrido un día después de haber asistido a un control médico laboral.

Sin embargo, la empresa sustentó su decisión en razones operativas, vinculadas a la finalización de la temporada turística, y presentó pruebas de que otros cinco trabajadores también fueron desvinculados de modo similar. El tribunal, tras evaluar la situación, dictaminó que no había evidencias suficientes para demostrar un acto discriminatorio o represalia, ya que la trabajadora había recibido el alta médica sin restricciones y que la decisión había sido implementada antes de su revisión médica.

Los magistrados también consideraron que el supermercado había cumplido con sus obligaciones al efectuar el pago correspondiente de la liquidación por antigüedad, preaviso y otros conceptos, y que no había deudas pendientes. No obstante, la abogada de la demandante había incluido en su presentación reclamos por estos conceptos ya saldados, además de exigir un adicional del 10% por antigüedad, cuando el convenio colectivo estipula un 1%. Asimismo, solicitó multas laborales de normativas derogadas y más de 17 millones de pesos por daño moral, careciendo de fundamento en el expediente.

La Cámara, al calificar estas faltas como un error grave bajo la figura de pluspetición, decidió desestimar completamente la demanda. No obstante, exoneró a la trabajadora de pagar las costas, ya que consideró que ella pudo actuar bajo la creencia de que sus derechos estaban bien defendidos, trasladando la responsabilidad al abogado por su mala praxis en la presentación del caso. Esta decisión es de primera instancia y aún admite apelación, lo que podría dar lugar a nuevos desarrollos judiciales.

Este fallo es significativo en el ámbito laboral, ya que resalta la importancia de la correcta asesoría legal y las implicaciones que pueden surgir de demandas mal fundamentadas. Los abogados deben ser rigurosos en el análisis de los casos que representan, atentos a las normativas aplicables y la viabilidad de los reclamos que inician.