Un abogado sancionado por citar sentencias inventadas por inteligencia artificial

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido sancionar a un abogado con una multa de 840 euros tras detectar que su recurso de apelación contenía citas de al menos 25 sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en realidad, nunca existieron. Estas referencias fueron elaboradas por un sistema de inteligencia artificial y presentadas como si fueran jurisprudencia auténtica. Para el tribunal, esta acción no puede considerarse un simple error, sino una grave falta de respeto hacia el proceso judicial, poniendo en duda el deber de buena fe del abogado.

El tribunal determinó que el letrado ofreció referencias jurisprudenciales falsas o ajenas al caso que defendía, lo que obligó a los jueces a verificar cada uno de los citaron para comprobar su autenticidad. La revisión reveló que no solo las sentencias eran fabricadas, sino que además algunas de las alegaciones del abogado se basaban en doctrinas también inexistentes. Esta falta de rigor en el uso de materiales legales serios resultó decisiva en la condena del profesional.

El abogado trató de justificar su actuación alegando que había cometido un error sin intención de perjudicar. Sin embargo, la Sala desestimó esta defensa, calificando su conducta como imprudente y en contraposición a los estándares éticos que se espera de un profesional del derecho. Con claridad, los magistrados afirmaron que el uso de tecnología, como la inteligencia artificial, no exime al abogado de la responsabilidad de verificar la información que presenta en sus escritos legales.

Además, se subrayó la notoriedad de las "alucinaciones" que pueden generar los sistemas de inteligencia artificial, donde respuestas incorrectas pueden parecer válidas. Para el tribunal, esto es un riesgo conocido que toda persona en ejercicio del derecho debe considerar y evitar al utilizar tales herramientas tecnológicas. Por esto, el TSJC dejó en claro que la validez del contenido del recurso siempre recae en el abogado que lo firma, independientemente de si se ayudó de herramientas digitalizadas.

Otro hecho que influyó en la gravedad de la sanción fue la falta de reconocimiento del error por parte del abogado durante el proceso. Su negativa a disculparse fue considerada un agravante que indicaba que el incidente no podía ser atendido con un mero apercibimiento.

La pena de 840 euros fue dictaminada teniendo en cuenta un criterio reputado tanto como "objetivo" como "ejemplarizante", con la intención de enviar un mensaje claro sobre la seriedad con que deben ser tomadas estas cuestiones en el ámbito judicial. Este tipo de sanciones son importantes en un contexto legal cada vez más influenciado por la tecnología, donde la ética y la precisión en la información son esenciales para el respeto hacia el sistema de justicia.