Un despido improcedente por paternidad genera altos costos para una empresa
Una empresa en Barcelona fue condenada a readmitir a un trabajador tras despedirlo ilegalmente, lo que podría resultar en un alto costo económico por salarios de tramitación. La ley protege a los empleados en situación de paternidad, lo que tipifica este despido como nulo.

En Barcelona, un reciente caso judicial ha puesto de manifiesto las consecuencias económicas por el despido de un trabajador en situación de paternidad. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada expone que el despido ocurrido diez meses después del nacimiento del hijo de un trabajador es un claro ejemplo de las implicancias legales que enfrentan las empresas cuando no respetan los derechos laborales en condiciones de protección especial.
El despido se produjo poco después de que el trabajador solicitara una reducción de jornada, un hecho que, según el abogado, refuerza su posición y agrava la responsabilidad de la empresa. Durante la audiencia, la compañía reconoció que el despido era improcedente, admitiendo la ausencia de justificación, y propuso una indemnización de aproximadamente tres mil euros, que no fue abonada. Ante esta situación, el trabajador decidió impugnar la decisión, alegando que la extinción del contrato debía ser considerada nula debido a la protección legal vigente en su caso.
De la Calzada fundamentó su posición en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que los despidos durante los doce meses posteriores al nacimiento de un hijo son considerados nulos. Argumentó que la ley no permite únicamente un reconocimiento de improcedencia y que el despido debería ser declarado nulo, lo que implicaría la readmisión del trabajador y la obligación de la empresa de abonar salarios de tramitación.
El abogado también advirtió sobre las graves consecuencias financieras que estas decisiones erróneas pueden acarrear para la empresa. En caso de que el juez falle a favor del trabajador, la compañía tendría que afrontar un costo que podría ascender a aproximadamente treinta mil euros, cifra que incluye salarios de tramitación por un período estimado de un año y medio, así como posibles indemnizaciones por daños adicionales.
La incomparecencia de la empresa en las audiencias judiciales podría llevar a una condena adicional, lo que enfatiza la importancia de que las empresas actúen con responsabilidad y cumplan con la normativa laboral. De la Calzada concluyó que la protección legal de los trabajadores en estas situaciones no debe ser minimizada, y que el despido de un empleado en paternidad o en proceso de reducción de jornada sin la debida consideración puede resultar en un error empresarial costoso y perjudicial.