Un docente condenado por 11 abusos en Río Negro enfrenta pedido de 12 años de prisión

Osvaldo Andrés Leal, docente de San Antonio Oeste, Río Negro, fue declarado culpable de 11 abusos sexuales ocurridos entre 2017 y 2018 contra niñas de entre seis y siete años en las escuelas 146 y 6. La audiencia celebrada el martes pasado marcó el final de la etapa de juicio, donde se discutió la pena a imponer. El Ministerio Público Fiscal solicitó un total de nueve años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para que Leal ejerza cualquier actividad docente en el futuro, mientras que una de las querellas argumentó a favor de una pena de 12 años.

El fiscal César Arbués fundamentó el pedido con base en la gravedad de los hechos, subrayando la vulnerabilidad de las víctimas y la posición de autoridad del acusado al momento de cometer los delitos. Además, resaltó que la cantidad de víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron los abusos en el aula debían ser consideradas para una adecuada valoración de las consecuencias del delito. Arbués también mencionó el impacto emocional sobre las víctimas, quienes durante el proceso manifestaron temor y ansiedad por estar solas.

La situación se tornó más intensa cuando el abogado querellante Julio Alfonso, con visible emoción, solicitó un incremento en la pena a 12 años. Alfonso enfatizó la necesidad de reflejar en la sentencia el daño psicológico sufrido por las niñas, cuestionando la idoneidad de comparar los testimonios de menores con los de adultos, particularmente en este contexto de abuso. El Defensor de Menores, Juan José Álvarez Costa, apoyó el pedido del Ministerio Público.

Por otro lado, la defensa, representada por el abogado Emiliano Gallego, solicitó solo tres años de prisión en suspenso, argumentando que el enfoque del debate se había desviado hacia un aspecto emocional innecesario. Gallego cuestionó la representación del daño y sugirió que no se podía concluir un patrón de abuso cuando algunas niñas afirmaron que el docente se comportaba de manera positiva con ellas.

Este caso ha generado gran controversia y atención pública en la región, dadas las circunstancias de los delitos y el impacto potencial en la comunidad educativa. Aún se espera el veredicto final sobre la pena a imponer, que podría sentar un precedente en la forma en que se manejan situaciones similares.

La discusión sobre la sentencia no solo aborda la condena de Leal, sino también la protección de infancias vulnerables y el rol del sistema educativo en prevenir abusos. Las decisiones que se tomen en este caso podrían influenciar futuras políticas y protocolos en el ámbito escolar.