Un hombre enfrenta juicio por presentar certificados falsos para reducir su condena

Un juicio oral se está llevando a cabo en los tribunales de Trelew, donde un hombre identificado como J.C.M. enfrenta cargos por haber presentado certificados falsos con el objetivo de obtener una reducción en su pena. La acusación está dirigida por el fiscal general Aldo Nizetich, quien sostiene que el acusado intentó utilizar esta documentación en una audiencia judicial realizada el 24 de abril de 2024.

Durante la audiencia, el juez de Ejecución, Gustavo Castro, revisaba el cómputo de la pena impuesta a J.C.M., quien buscaba invocar una reducción contemplada por la Ley de Ejecución Penal N.º 24.660. Según la Fiscalía, el principal objetivo del acusado al presentar estos documentos era disminuir su condena en 16 meses.

Los certificados en cuestión incluyen títulos falsos relacionados con una diplomatura en Educación Física, Deporte y Recreación de 630 horas, y otros cursos en Gestión y Organización de Eventos, Instalador Electricista y Mecánica Básica, todos con horas de cursada que no se corresponden con su realidad académica. Además, se incluyen documentos que supuestamente provienen de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre áreas como prevención del embarazo adolescente y de la obesidad, que también han sido cuestionados.

La fiscalía argumenta que J.C.M. era consciente de la falsedad de los certificados, lo que complica su defensa. Enfrenta acusaciones bajo la figura de uso de documento público falso, y a pesar de que su defensa intenta cuestionar la calificación legal del caso, la jueza Mirta Moreno desestimó esta opción al considerar que ya se había superado la etapa previa al juicio.

El juicio continúa y, de ser declarado culpable, la fiscalía anticipa que pedirá una pena que no supere los seis años de prisión, además de considerar la declaración de reincidencia, lo que implicaría mayores repercusiones legales para el acusado. Este caso resalta la problemática de falsificación de documentos en el ámbito judicial y las implicaciones legales que ello conlleva, reflejando un desafío constante en la integridad del sistema penal.