Un hombre imputado por violencia de género en Bariloche

Esta mañana se formalizaron los cargos contra un hombre que enfrenta una causa por violencia de género en Bariloche. La investigación preparatoria se extenderá hasta el 18 de diciembre de 2026, según lo dispuesto por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence en una audiencia donde se discutieron las medidas a tomar para resguardar el proceso y a la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó la necesidad de aplicar una medida cautelar de máxima intensidad debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación y a la vulnerabilidad de la mujer afectada. Esta medida tiene por objetivo asegurar que la denunciante y aquellos que deban testificar puedan hacerlo sin la presión o interferencia del imputado.

En contraposición, la defensora pública del acusado, Paola del Río, se opuso a esta solicitud, sugiriendo alternativas como la prohibición de acercamiento y el uso de monitoreo electrónico. La abogada argumentó que el imputado se había presentado de manera voluntaria ante la policía, lo que, a su juicio, minimizaba el riesgo de fuga. El imputado, que hizo uso de su derecho a declarar, planteó su propia versión sobre los hechos en cuestión.

El juez, al decidir, determinó que aunque no se había demostrado un riesgo de fuga, existía una clara posibilidad de que se obstaculizara la investigación. Este razonamiento se basa en las características de la etapa incipiente del caso y en la necesidad de proteger a la víctima, así como a los testigos que intervendrán en el proceso judicial.

La acusación alude a que el imputado habría agredido físicamente a su pareja, dañando sus pertenencias, incluida la ruptura de su teléfono celular. Se alega que el hombre no solo la golpeó, sino que también la mantuvo encerrada en su vivienda durante varias horas, liberándola solo tras la intervención de un tercero. Las lesiones que sufrió la mujer fueron inicialmente clasificadas como leves.

Las imputaciones contra el acusado incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un caso de violencia de género, así como privación ilegítima de la libertad agravada y daños. La Fiscalía sostiene su caso en pruebas como la denuncia de la víctima, el certificado médico policial, y diversos informes realizados por la Oficina de Atención a la Víctima y el Cuerpo de Investigación Forense.