Un juez declaró inconstitucional la eliminación del sistema de precios de combustibles

En un fallo significativo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, declaró inconstitucional la resolución 717/2025 del Ministerio de Economía que eliminó el sistema estatal de información pública sobre precios de combustibles. Esta decisión responde a una acción colectiva presentada por la Asociación Civil CEPIS, que buscó defender los derechos de los consumidores en el acceso a información precisa acerca de los precios de naftas, gasoil y GNC en todo el país.

Ramos Padilla argumentó que la eliminación de este sistema fundamental violaba el derecho de los usuarios a contar con información adecuada y veraz, como se establece en el artículo 42 de la Constitución Nacional. El magistrado determinó que la falta de un mecanismo alternativo efectivo para acceder a esta información representa un retroceso en la protección de los consumidores, al punto que la dispersión de información a través de aplicaciones o sitios web privados no cumple con la obligación estatal de garantizar el derecho a la información.

La resolución del juez surge en un contexto donde el Gobierno nacional justificó la eliminación del sistema como un esfuerzo para simplificar procedimientos y reducir cargas administrativas, sugiriendo que los precios de los combustibles seguirían disponibles a través de medios alternativos. Sin embargo, CEPIS contrarrestó esta defensa afirmando que el acceso a precios fragmentados no es suficiente para asegurar la transparencia requerida.

El fallo establece que todos los consumidores de combustibles en el país tienen el derecho a volver a contar con un sistema estatal de información centralizada. La decisión del juez subraya que la desregulación no puede disminuir la protección del consumidor y corrobora que el Estado no ha demostrado que la nueva metodología de acceso a la información sea superior al anteriormente existente.

Como resultado, se espera que el sistema de información derogado sea restablecido, lo que podría tener un impacto amplio en la manera en que los usuarios de combustibles interactúan con el mercado. Esta decisión será apelada, con lo cual el desarrollo del caso podría continuar presentando novedades en el corto plazo.

Este incidente también se da en un contexto donde el aumento de los precios de combustibles preocupa a la población y afecta de manera directa la economía local, especialmente en regiones como la Patagonia, donde el transporte y la actividad económica dependen en gran medida del costo del combustible.

Ahora, se espera que la Cámara Federal de La Plata escuche la apelación del Gobierno, lo que podría determinar un nuevo rumbo en las regulaciones sobre la información presentada a los consumidores en el sector energético.