Una jueza suspende la imputabilidad a 14 años en Buenos Aires por 60 días

La jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, decidió suspender por 60 días la aplicación de la nueva ley que establece que los adolescentes a partir de 14 años pueden ser considerados penalmente responsables. Este cambio en la legislación, parte del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) que impulsa el gobierno nacional, generó un debate en la provincia de Buenos Aires debido a sus posibles impactos en el sistema penal juvenil.

En su fallo, Pascual no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma ni sobre su compatibilidad con los tratados internacionales de derechos de la niñez, sino que centró su argumentación en los riesgos inmediatos para los derechos fundamentales de los adolescentes en detención. Aseguró que la implementación de esta ley podría aumentar significativamente el número de jóvenes en el sistema penal, tanto por un mayor ingreso como por un aumento en la duración de las detenciones, debido a tres cambios clave: la inclusión de jóvenes de 14 y 15 años, la eliminación de las exenciones para delitos menores a dos años de prisión, y la plena aplicación de la escala penal del Código Penal.

La jueza se apoyó en el “principio precautorio”, que sostiene que no es necesario esperar a que se produzcan daños para que la Justicia actúe. Esto la llevó a cuestionar si el Estado estaba en condiciones de expandir el número de adolescentes en el sistema penal sin garantizar las condiciones mínimas que respeten sus derechos durante la privación de libertad. Aludió a su experiencia previa en el manejo de casos juveniles, donde destacó las sobrepobladas condiciones del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, que tiene un límite de 60 jóvenes, cifra que considera todavía insuficiente.

Pascual también consideró el impacto que el hacinamiento podría tener en la seguridad pública, argumentando que encerrar a menores bajo condiciones inadecuadas puede llevar a un incremento de la inseguridad y la violencia. Al tratarse de personas en desarrollo, condiciones deficientes de encarcelamiento podrían influir negativamente en su reinserción social una vez que cumplan condenas. Así, la jueza afirmó que podría ser contradictorio querer castigar y, al mismo tiempo, crear condiciones que perpetúen comportamientos delictivos entre los jóvenes.