Universidades convocan a marcha por la Ley de Financiamiento en octubre

Las universidades nacionales han decidido organizar la quinta marcha federal para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento, que en este momento lleva 321 días sin ser aplicada. La falta de cumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei también ignora una cautelar judicial emitida por la Corte Suprema el 25 de junio, que debería habilitar un incremento salarial del 31% para más de 300.000 docentes y no docentes de las más de 60 universidades públicas de Argentina.

La propuesta para realizar la marcha en octubre fue presentada por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectores y rectoras que tuvo lugar en Bariloche. Bartolacci destacó la importancia del apoyo masivo de la sociedad en eventos anteriores, el cual ha sido crucial para la defensa de las universidades frente a los recortes presupuestarios del gobierno.

Durante el mismo encuentro, se abordaron otros temas, como la aprobación del proyecto de presupuesto universitario para 2027, que fija en 11 billones de pesos el monto necesario para el funcionamiento de las instituciones. Cabe recordar que para el año 2026 se habían solicitado 73 billones de pesos, pero el gobierno solo otorgó 48 billones. En julio, se realizó una ampliación de 133 billones que se utilizó para un acuerdo salarial del 21% y otras partidas.

El contexto en el que se desarrolla esta situación es complicado. Los representantes de las federaciones gremiales presentes en el plenario también participaron recientemente de una paritaria en el Ministerio de Capital Humano, la cual fue rechazada, dado que el gobierno ofreció solo un 3% de incremento para septiembre, al tiempo que debe el 31% establecido por la ley.

El comité ejecutivo del CIN tiene el mandato de convocar a esta nueva marcha federal, en medio de un entorno de incertidumbre. Durante el plenario, se destacó el vencimiento del plazo que se le otorgó al gobierno para informar sobre los avances respecto de la cautelar dictada. Hubo también dos pedidos de ejecución de esa cautelar, que podrían derivar en multas diarias y acciones por desobediencia judicial, lo que añade una capa de complejidad al ya difícil escenario educativo.