Vásquez responde al abogado de Nicolás Petro tras la audiencia aplazada

La controversia en torno al proceso judicial que involucra a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se intensificó el 23 de julio con una confrontación en redes sociales entre Daysuris del Carmen Vásquez y Alejandro Carranza, abogado del hijo de Gustavo Petro. Esta disputa surgió después de que una audiencia de imputación contra Ojeda fuera aplazada debido a la ausencia de la exfiscal Lucy Laborde, quien había solicitado la diligencia antes de dejar su cargo.

Vásquez, a través de la plataforma X, enfatizó que la falta de una fiscal no implica la inexistencia de un delito. En su mensaje, resaltó que sus derechos han sido vulnerados y afirmó su compromiso de continuar luchando por justicia en su caso, lanzando críticas hacia el abogado por lo que considera un intento de desviar la atención del asunto judicial en cuestión.

El abogado Carranza descalificó la solicitud de audiencia de Laborde, argumentando que no tenía autoridad para ello tras su salida de la Fiscalía General de la Nación. En su defensa, cuestionó la objetividad de las acciones de Laborde y sostuvo que estas podían interpretarse como una represalia tras la defensa del abogado que representa a Ojeda.

La controversia también dejó al descubierto la tensión en el proceso judicial, con la decisión del juez de declarar fracasada la audiencia por la inasistencia de la fiscal que había promovido la imputación. Laborde dejó su cargo el 6 de julio de 2026, y su salida ha generado incertidumbre sobre la continuidad del caso, que deberá ser retomado por el nuevo fiscal.

El juez, quien no pudo continuar con la audiencia, mencionó que el proceso se reanudará una vez que la Fiscalía designe un nuevo titular para llevar adelante el caso. La reprogramación quedará a cargo del Centro de Servicios Judiciales, lo que implica que el camino hacia la resolución de este caso aún está lejos de cerrarse.

Este intercambio entre Vásquez y Carranza refleja la complejidad y el alto perfil del caso, que no solo involucra a personas del entorno político colombiano, sino que también plantea interrogantes sobre el abuso de poder y la lucha por la justicia en una esfera donde las relaciones políticas juegan un rol fundamental. El futuro del proceso dependerá del análisis que realice el nuevo fiscal sobre los actos previos de Laborde.