Veracruz, con más de la mitad de los periodistas asesinados en 2026
Durante los primeros siete meses de 2026, se han registrado siete asesinatos de periodistas en México, siendo Veracruz la entidad más afectada. Entre las víctimas figura Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio.
En lo que va del año, México ha sido escenario del asesinato de siete periodistas, con Veracruz destacándose como la región con mayor incidencia de violencia contra la prensa. Este limitado contexto de libertad de expresión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han documentado un aumento de amenazas hacia quienes informan sobre temas políticos y de crimen organizado.
El reciente asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar el 22 de julio en Oaxaca, al que se suman otros crímenes como el de Josué Martínez Contreras y Manuel Alejandro Moreno Serna, refuerzan la percepción de riesgo que enfrenta el periodismo en el país. Leyva, conocido por su crítica al gobierno estatal y su periodicidad en el columnismo digital, fue atacado mientras se encontraba en un lugar público; su muerte sacudió a la comunidad periodística, evidenciando la fragilidad de la libertad de prensa en un entorno cada vez más violento.
Antes de Leyva, otros casos notorios de agresiones y homicidios habían sido reportados en el país, incluyendo el asesinato de Martínez en Puebla, quien ya había recibido amenazas de muerte, y el hallazgo de Moreno Serna en Guerrero, un periodista que documentaba asuntos ambientales ligados a la corrupción.
Veracruz, bajo la gobernación de Rocío Nahle, se ha convertido en el foco de estos crímenes, concentran números alarmantes con dos periodistas asesinados en las últimas semanas. Las organizaciones como Article 19 han denunciado la inacción del gobierno ante los ataques sistemáticos, asegurando que las medidas de protección prometidas no se implementan efectivamente.
A pesar de los posicionamientos de repudio por parte de las autoridades, las investigaciones sobre los homicidios suelen presentar lentitud y falta de resultados concretos, lo que aumenta la impunidad y perpetúa un ciclo de violencia. Esta situación resuena no solo en el ámbito periodístico, sino también en la sociedad civil, ya que limita el acceso a información crítica y determina un clima de temor y autocensura entre los comunicadores.
El caso de Leyva reitera el desafío que enfrenta el periodismo en México, donde ejercer la profesión trae consigo un riesgo significativo para la vida personal e integridad de quienes osan desafiar el silencio impuesto por la violencia delictiva y la falta de protección gubernamental.