YPF agradece a SLB, Halliburton y Baker Hughes por su postura sobre Malvinas

Las principales empresas de servicios petroleros, entre ellas SLB, Halliburton y Baker Hughes, ratificaron su decisión de no involucrarse en actividades de exploración o producción en las Islas Malvinas. Este anuncio se produce en el marco de un contexto político y legal que ha endurecido las sanciones a empresas que operan en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.

La noticia se conoce tras la cadena nacional donde el presidente Javier Milei hizo un llamado a proteger la soberanía argentina, anunciando el Decreto 868/2026. Este decreto impone sanciones severas a quienes lleven a cabo actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la región, lo que ha puesto mayor presión sobre las empresas internacionales que operan en el sector.

Baker Hughes, una de las principales compañias de servicios, publicó un comunicado donde asegura no participar en licitaciones vinculadas a proyectos en Malvinas, reafirmando su compromiso con la normativa argentina y su trayectoria de más de 70 años en el país. Por su parte, Halliburton también expresó su respeto por la soberanía nacional y aclaró que no tendrá participación en el proyecto Sea Lion.

La decisión de estas empresas es vista como un respaldo significativo por parte de YPF, que valoró enérgicamente su postura. A través de sus canales oficiales, YPF destacó que esta decisión es un indicador positivo para el futuro del sector energético argentino, así como una muestra de confianza hacia la compañía y el país.

El contexto actual invita a reflexionar sobre las futuras posibilidades de desarrollo energético en la Argentina, sobre todo en un momento en que el gobierno busca atraer inversiones para fortalecer la economía. Las decisiones de estas multinacionales podrían influir en otros actores del sector que todavía están evaluando su posición ante las operaciones en la región.

Asimismo, el canciller Pablo Quirno hizo eco de estos comunicados en redes sociales, reconociendo el valor de este compromiso con las políticas del gobierno argentino. En este sentido, el marco normativo que regula las operaciones en el Atlántico Sur no solo es un aspecto legal, sino también un mensaje claro de defensa de la soberanía nacional, un tema sensitivo para los argentinos.

Con esta serie de decisiones, se marca un precedente en la relación entre el Estado argentino y las empresas internacionales del petróleo, en un momento crítico donde la recuperación y explotación de recursos naturales resulta fundamental para la economía nacional.