Zapala: condena de 10 años y 4 meses por abuso a una niña

La justicia de Zapala dictó una sentencia de 10 años y 4 meses de prisión efectiva para un hombre identificado como J.B.M, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña. Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2017, aprovechándose el condenado de una situación de confianza y autoridad respecto a la víctima. Este caso, que se remonta a hace una década, ha dejado profundas secuelas psicológicas y físicas en la niña, como lo evidencian los informes presentados en el juicio.

La fiscal Laura Pizzipaulo había solicitado una pena de casi 15 años de cárcel. Su argumentación se sustentó en la gravedad del hecho, el prolongado periodo de abusos y la diferencia de edad entre el condenado y la víctima. La fiscal subrayó que la situación de vulnerabilidad de la niña, así como el contexto de violencia y amenazas que acompañaron los abusos, debían ser considerados como circunstancias que merecían una pena severa.

En el juicio, la querella institucional, representada por la defensora de los Derechos del Niño, apoyó la solicitud de la fiscalía resaltando la importancia de considerar el bienestar de la víctima. En contraposición, la defensa del condenado solicitó el mínimo de la pena establecida por la ley, argumentando la ausencia de antecedentes penales y cuestionando la valoración de las agravantes por parte de la acusación.

El tribunal, al dictar sentencia, reconoció las agravantes planteadas debido a la continuidad de los delitos y el evidente daño causado a la víctima. Sin embargo, también tuvo en cuenta la falta de antecedentes previos del condenado como un factor atenuante. A pesar de estos argumentos, el tribunal determinó que las circunstancias del caso justificaban un castigo importante, más allá de lo que la defensa solicitaba.

Además de la condena, la sentencia incluye la obligación de inscribir al condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS). Por su seguridad, se extendieron por 60 días las medidas preventivas que prohíben cualquier tipo de contacto entre el condenado y la víctima.

Este caso pone en evidencia la necesidad de un enfoque sólido para combatir el abuso infantil y sugiere una reflexión sobre la efectividad de las penas en estos casos, dada la larga duración en la que ocurrieron los delitos y la angustia prolongada que sufrió la víctima.