ATE alerta sobre la militarización del Gobierno tras cambios en la Quinta de Olivos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación por lo que consideran un proceso de "creciente militarización" del Gobierno argentino, en el marco de la reorganización de la Quinta de Olivos. Este cuestionamiento surge luego de que la Casa Militar ampliara sus competencias en la residencia presidencial, a la vez que se comunicaron despidos y traslados de personal civil que allí trabajaba.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que la sustitución de personal civil por miembros de la Casa Militar es una señal preocupante de una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en funciones tradicionalmente cubiertas por civiles. En su declaración, Aguiar también destacó que más de 300 trabajadores civiles han sido despedidos por el actual Gobierno, y advirtió que se evalúa la remoción de otros 600 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas para reemplazarlos con personal militar.

Con respecto a la Quinta de Olivos, el sindicato reporta al menos 14 despidos, cifra que contrasta con la afirmación oficial de 12 despedidos. ATE subrayó que entre los desvinculados había empleados con varios años de antigüedad que cumplían funciones esenciales como jardinería, administración y limpieza.

Por su parte, el Gobierno justificó la reorganización aduciendo motivos de seguridad. La reestructuración de la Quinta de Olivos incluye la asunción integral de la seguridad presidencial por parte de la Casa Militar y la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial. Según los informes oficiales, este proceso de transferencia y reapertura de funciones está previsto para completarse en un plazo de 60 días.

La narrativa oficial también sugirió que la reestructuración se vinculaba con preocupaciones sobre filtraciones de información respecto a actividades del Presidente y su entorno. Sin embargo, ATE mantiene que los cambios no solo afectan la estructura de seguridad, sino que reflejan una sustitución sistemática del personal civil por efectivos de las Fuerzas Armadas.

Esta situación ha generado un amplio debate y críticas desde distintas organizaciones que ven en estos cambios una vulneración a derechos laborales y una tendencia peligrosa hacia la militarización del Estado. El gremio espera que la situación se revierta y que las decisiones del Gobierno sean revisadas para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores civiles afectados.