República Dominicana y Chile crean equipo conjunto contra delincuencia organizada

República Dominicana y Chile han formalizado en Santo Domingo un equipo conjunto de investigación con el objetivo de enfrentar la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos. Este convenio, que se considera el primero de su tipo entre ambos países en el marco de la Convención de Palermo de la ONU, fue firmado por la procuradora general dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia Vásquez.

El acuerdo, que tendrá una duración inicial de un año, busca coordinar acciones judiciales y de investigación destinadas a identificar a los responsables de estos delitos y a afectar los bienes relacionados con sus actividades delictivas. Asimismo, se comprometieron a garantizar la protección y seguridad de las víctimas que puedan surgir de estas investigaciones.

Ambos países han acordado también el intercambio de información y la recolección de pruebas relevantes sobre casos penales en curso. El equipo conjunto estará compuesto por fiscales y miembros de las fuerzas policiales de República Dominicana y Chile, los cuales trabajarán de manera coordinada para abordar estos problemas complejos de crimen organizado.

Durante la firma, Reynoso enfatizó la importancia de esta colaboración frente a una amenaza que, según argued, representa un “objetivo estratégico de primer nivel” en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Para ella, las investigaciones sobre trata de personas y tráfico de migrantes suelen estar íntimamente relacionadas con delitos de lavado de activos, ya que las organizaciones criminales buscan invertir en mercados formales las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas.

El fiscal Valencia, por su parte, calificó el acuerdo como una herramienta práctica para responder a las necesidades de ambos países frente a estos delitos transnacionales que los afectan directamente. Destacó que la cooperación no solo busca lograr condenas judiciales, sino que se centra también en proteger los derechos fundamentales de las víctimas.

El trabajo conjunto implica la colaboración con diferentes agencias estatales como el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos relacionados, lo que responde a una necesidad reconocida de actuar de forma conjunta frente a la delincuencia organizada, que incluye no solo trata y tráfico de personas, sino también delitos económicos y corrupción.

La estructura del equipo refleja un compromiso serio por parte de ambos gobiernos para abordar un problema que no solo trasciende fronteras, sino que afecta la seguridad y bienestar de las poblaciones involucradas, permitiendo así, un abordaje más efectivo contra estas formas de crimen organizado.