Río Negro aprueba reforma de la Ley de Carnes y debate sobre jabalí

La Legislatura de Río Negro ha dado un paso significativo al aprobar en general un nuevo proyecto de Ley de Carnes, que busca modernizar el sistema de habilitación, registro, fiscalización y control sanitario en relación con la faena y comercialización de productos de origen animal. Esta iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y pretende mejorar la regulación del sector cárnico regional.

Uno de los puntos más controversiales del debate en la legislatura fue el tratamiento de la fauna silvestre, en especial, la posibilidad de implementar un esquema formal para el procesamiento y comercialización del jabalí. Esta especie, considerada exótica e invasora, impacta negativamente en los ecosistemas locales y en actividades productivas, lo que ha llevado a las autoridades a considerar su regulación como parte del nuevo marco legislativo. La ley establece que los productos derivados de fauna silvestre solamente podrán ser procesados en establecimientos autorizados, y anualmente la autoridad provincial definirá las especies que se podrán aprovechar.

Los cambios propuestos incluyen el establecimiento de temporadas, cupos de extracción y zonas habilitadas para la caza de especies, así como períodos de veda. Este enfoque tiene como objetivo incorporar estas actividades a un sistema regulado de control sanitario y trazabilidad, reemplazando el manejo tradicional que se mantenía fuera de dichos circuitos. A través de este nuevo esquema, se espera robustecer la producción artesanal que podría surgir de la carne de jabalí, entre otras especies.

Sin embargo, la regulación del artículo sobre fauna silvestre generó preocupaciones entre algunos legisladores y defensores del medio ambiente. Estos grupos argumentan que la ley no distingue de manera suficiente entre especies exóticas y nativas, lo que podría dar paso a la legalización del procesamiento comercial de fauna autóctona bajo circunstancias determinadas. Tal posibilidad ha sembrado dudas sobre el alcance de la nueva legislación, que busca en principio limitarse a la gestión del jabalí.

Desde el oficialismo se ha defendido que la nueva ley no impulsa de manera automática la captura o comercialización de fauna nativa y que el aprovechamiento estará condicionado estrictamente a las determinaciones que realice la autoridad provincial en base a los planes nacionales de manejo correspondiente. Las tensiones en el debate reflejan la complejidad del equilibrio entre desarrollo productivo y conservación de la biodiversidad en la región.